La responsabilidad jurídica en los centros de enseñanza públicos

La ausencia de un marco legislativo estable en materia de responsabilidad jurídica en los centros de enseñanza públicos y privados ha generado una nutrida jurisprudencia derivada de las sentencias que, ante los conflictos suscitados, han venido emitiendo los distintos tribunales de justicia. La inseguridad jurídica de los docentes ante los riesgos inherentes al ejercicio de su profesión en los centros, como consecuencia de las denuncias que presentaban los padres de los alumnos tras algún accidente escolar, llevó a los sindicatos del sector a reivindicar la reforma de la normativa que regulaba la responsabilidad civil. Precisamente ésta fue una de las peticiones centrales de la histórica huelga en la enseñanza pública de 1988. Los numerosos cambios legales que se han producido a partir de 1991 han contribuido a reducir la tensión y la conflictividad a la que durante muchos años estuvieron sujetos los docentes ante el riesgo evidente de un accidente escolar. La Administración educativa ha terminado asumiendo la responsabilidad civil del profesorado, por lo que se ha pasado de la vía civil a la contencioso-administrativo para reclamar ante las administraciones públicas.